El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con participación de todos los ciudadanos interesados. En el plano nacional, toda persona debe tener acceso adecuado a la información ambiental que obre en poder de las Administraciones Públicas competentes y éstas, a su vez, tienen la obligación de facilitar dicha información y fomentar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que afecten al medio ambiente.

Para cumplir y dar satisfacción a estas obligaciones y derechos, la Directiva 90/331, de 7 de junio, y la Ley 38/95, de 12 de diciembre, se configuran como los instrumentos más adecuados para que los ciudadanos puedan acceder libremente y obtener la información ambiental que deseen, con la posibilidad, incluso, de exigirla ante los Tribunales de Justicia.

Este breve manual recoge todas las disposiciones comunitarias y estatales que regulan el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente que obre en poder de cualquier Administración Pública.