Hace ya siete años que se aprobó la Ley de Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres, que deroga la Ley de 1975 y cumple el mandato que el artículo 45 de la Constitución hace a los poderes públicos: "los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente".

La Ley de Espacios, junto con el Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, cumple además la función, bien que anticipadamente, de trasponer al ordenamiento jurídico español la equivalente normativa comunitaria y, en concreto, la Directiva de Hábitats.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en una curiosa Sentencia (curiosa porque desconoce absolutamente la realidad del medio natural, porque plantea más dudas de las que resuelve, porque, de hecho, el Ponente, se hace así mismo un voto particular), ha resuelto los problemas competenciales que algunas Comunidades Autónomas habían planteado.

Junto al nuevo Código Penal, tenemos ya el bloque de disposiciones básicas, de aplicación en todo el Estado, que las Comunidades Autónomas están desarrollando, no sin graves contradicciones, en sus territorios. El conocimiento de esta normativa básica, con sus complementos autonómicos, es imprescindible para quienes directa o indirectamente desarrollan sus actividades o tienen presencia o responsabilidades en el medio natural.